A partir de abril, las empresas belgas con al menos 20 empleados deben implementar acuerdos sobre el «derecho a la desconexión» de su personal, según lo establecido por el gobierno nacional en el Acuerdo Laboral a finales del año pasado. Esto significa que las compañías belgas ahora deben incluir medidas para la desconexión en sus convenios colectivos de empresa o en sus reglamentos laborales.
Esta iniciativa forma parte de una serie de medidas destinadas a lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Otras medidas incluyen la opción de una semana laboral de cuatro días, capacitación adicional para los empleados, una mayor protección laboral y horarios de trabajo nocturno más flexibles para el comercio electrónico.
El gobierno ha realizado cambios en las disposiciones de la Ley de Crecimiento Económico y Cohesión Social existente, que inicialmente establecía que el derecho a la desconexión entraría en vigor el 1 de enero de 2023. Sin embargo, se extendió el plazo de adaptación hasta el 1 de abril de este año.
El objetivo de esta medida es regular el tiempo de descanso de los empleados fuera del horario laboral y limitar el contacto entre la empresa o el empleador y el trabajador. Se busca establecer objetivamente cuándo la empresa puede contactar a un empleado fuera de sus horas de trabajo. Es importante tener en cuenta que esta política no afecta a trabajadores autónomos o prestadores de servicios con menos de 20 empleados.
Los acuerdos empresariales deben incluir una descripción de cómo se aplicará el derecho a no estar disponible fuera de las horas de trabajo, así como pautas para el uso de herramientas digitales que respeten los períodos de descanso y vacaciones. También se requieren campañas de formación y sensibilización para los empleados sobre el uso consciente de las herramientas digitales y los riesgos asociados al exceso de conexión.
Aunque no se especifica una sanción explícita para las empresas que no implementen estas medidas en sus acuerdos empresariales, aquellas que no cumplan con las disposiciones de un convenio colectivo sectorial podrían enfrentar sanciones de acuerdo con el Código Penal Social.
La aplicación del derecho a la desconexión en las empresas privadas es una extensión de la medida que se implementó entre los funcionarios públicos federales a partir del 1 de febrero de 2022 y que ya ha beneficiado a 65.000 empleados públicos.
En España, el derecho a la desconexión digital se contempla principalmente en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales). Este artículo establece que los trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital para garantizar el respeto de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, intimidad personal y familiar fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido.