Nada es privado, dice el documental de Nexflix sobre Cambridge Analytica, el cual indica que el año pasado el valor de los datos superó al del petróleo, actualmente los datos son el activo más poderoso del planeta. Además de Facebook, Google y AT&T son otros de los gigantes que enfrentan acciones legales en materia de ciberseguridad por robar emails, contraseñas y datos personales a través del proyecto Street View en el caso de Google; y por vender los datos y ubicación en tiempo real de sus clientes en el caso de AT&T.
Nada es privado, dicen empresas como Interjet, que retiró temporalmente a una de sus pilotos por considerar inaceptable una publicación en redes sociales el pasado 15 de septiembre; para algunos, una publicación con tintes terroristas por el cargo que desempeñaba, al sugerir que “debería de caer una bomba en el Zócalo”.
Nada es privado, dicen escuelas como la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), que dio de baja a un alumno por incurrir en violencia de género, luego de amenazar a través de Facebook a una activista el pasado 18 de agosto, al comentar “Lo haré Ninfa, después de que te viole y asesine jajaja”. Al respecto, acaba de presentarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que busca ampliar el concepto de violencia a las redes sociales y otras plataformas de internet.
Nada es privado, dice el Acuerdo mediante el cual se aprueban las políticas generales para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales del Sistema Nacional de Transparencia; mismo que señala en sus disposiciones generales la importancia de brindar certeza sobre cuáles son las cuentas administradas por los sujetos obligados para difundir información pública, distinguiendo entre cuentas oficiales y personales; estas últimas, ahora también serán susceptibles de transparencia para titulares y 4 niveles jerárquicos inferiores. Asimismo, deberán registrarse en el directorio de cuentas de redes sociales, que también podrá incluir el nombre del gestor o gestores de dichas redes.
Actualmente los despidos por comentarios en redes sociales no aparecen en la Ley Federal del Trabajo (LFT) pero sí pueden ser causa de rescisión. De acuerdo a los registros de Red Ring, 2 de cada 10 personas han perdido su empleo por este motivo, sobre todo si afecta la reputación de la empresa o se difunden temas confidenciales.
“Pues si no crea ni extingue derechos está cerca de hacerlo” comentaba mi ex jefe del Tribunal Electoral, refiriéndose a las “benditas” redes sociales por una resolución de Facebook que señalaba que dicha plataforma no es responsable para efectos de amparo.
En este “enjambre digital”, hoy debemos cuidar lo que publicamos, pero también lo que no publicamos, porque ¿qué pasa con la información errónea o negativa publicada acerca de nosotros? Parecería que las redes sociales también tendrían que rendirnos cuentas y sería ideal poder ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) pero el tema es mucho más complejo.
Hace unos días La Jornada publicó que por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá sobre el “derecho al olvido”, que se refiere al hecho de poder borrar información sobre nuestra vida o situación jurídica de los motores de búsqueda de Internet; es decir, que nosotros podamos decidir qué queremos olvidar y qué queremos recordar en la red.
La complejidad radica en la cantidad de actores involucrados y en nuestros criterios para ponderar derechos en conflicto, por una parte, del sujeto involucrado, por otra, del buscador y de la fuente. Teresa Rodríguez de las Heras aborda el tema de manera fascinante, invitándonos a reflexionar sobre qué tipo de sociedad digital queremos y necesitamos para repensar nuestro marco normativo.
En un mundo donde convergen libertad de expresión, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, pero al mismo tiempo se busca procurar la privacidad y la protección de los datos personales, se requiere una regulación acorde a cada red social.
Los derechos de los datos deberían ser fundamentales. Lo que vemos en Facebook va directo al cerebro de 2000 millones de personas y no tenemos defensas evolutivas para ello. Ni siquiera nuestras comunicaciones aparentemente privadas lo son, en algún lugar del mundo hay alguien escribiendo lo que enviamos en audios.
Recientemente, Carmen Aristegui mencionaba la publicación de The Washington Post con motivo de la demanda de Whats App a NSO Group; una compañía Israelí que desarrolló el software Pegasus, diseñado para combatir criminales y terroristas, el cual fue adquirido por el gobierno de Enrique Peña Nieto y afectó 1400 dispositivos celulares a través de llamadas de whats app, que aún sin contestar, tenían acceso a toda la información, entre ellos, se identificaron 100 casos en México en donde se utilizó esta tecnología para espiar a periodistas y activistas.
Andrea Castro de Zimat Consultores hablaba hace unas semanas en el Diplomado de la UNAM sobre el lado público de lo privado, haciendo referencia a un estudio del Reputation Institute sobre las 10 tendencias sociales que todo directivo debería tener presente al gestionar la reputación de su compañía; siendo las dos principales: protección ante Ciber-ataques o Privacidad de los datos y Empresas con propósito.
En un mundo donde nada es privado, las plataformas que triunfen serán, además de las que tengan un verdadero propósito, aquellas que garanticen una mayor protección de nuestros datos personales. Twitter, lo tiene muy claro, al prohibir la publicidad política en su plataforma en todo el mundo.
Ahora que nada es privado y vivimos en “casas de cristal”, debemos comenzar a entender la tecnología blockchain, cifrar nuestros chats y perfiles en redes sociales y páginas de internet para proteger nuestra información. Tal como comentaba Marta Peirano en Tedx Madrid: “es a nosotros, a quienes nos corresponde poner las cortinas por dentro.”
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